En los últimos cinco años, el estado de Colima ha experimentado un aumento considerable en el robo de motocicletas, de acuerdo con los datos oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). Esta tendencia contrasta notablemente con la disminución sostenida en el robo de automóviles, un fenómeno que ha modificado el panorama delictivo en la entidad. Las estadísticas muestran que, mientras en 2021 se reportaron 417 motocicletas robadas, para 2025 la cifra subió hasta 567 unidades, lo que representa un crecimiento del 36 por ciento. En el mismo periodo, el robo de automóviles pasó de 872 casos en 2021 a solo 234 en 2025, una reducción del 73 por ciento. Este cambio ha generado preocupación entre la población y las autoridades, pues la motocicleta se ha convertido en el vehículo preferido para la comisión de diversos delitos, particularmente homicidios.
El análisis de los datos anuales refuerza la percepción de que existe una nueva dinámica delictiva en Colima. En 2022, se contabilizaron 426 motocicletas robadas y 635 automóviles; para 2023, las cifras fueron 441 motocicletas frente a 499 autos; en 2024, 529 motocicletas y 410 autos, y finalmente en 2025, se alcanzó el pico de motocicletas robadas con 567, mientras que los autos cayeron a 234 unidades. Especialistas en seguridad consultados por este medio señalan que el cruce de ambas curvas, registrado por primera vez en 2024, evidencia un cambio estructural en los patrones de robo vehicular, impactando tanto en la percepción de inseguridad como en la operatividad de los grupos criminales en el estado.
El incremento en el robo de motocicletas ha sido asociado por expertos con el auge en la utilización de este tipo de vehículos para la comisión de delitos de alto impacto, principalmente homicidios. Las motocicletas ofrecen ventajas estratégicas a los delincuentes: permiten movimientos rápidos y discretos, facilitan la evasión de retenes y operativos policiacos, y su bajo costo de adquisición las hace fácilmente reemplazables. Reportes de las autoridades de seguridad indican que en numerosos ataques armados perpetrados en las principales ciudades del estado, los agresores utilizaron motocicletas para huir del lugar de los hechos, complicando así la labor de la policía y los servicios de emergencia.
El fenómeno también ha generado un incremento en la demanda ilegal de motocicletas, alimentando un mercado negro que opera en la entidad y en estados vecinos. Las autoridades reconocen que, si bien las acciones para reducir el robo de automóviles han tenido éxito, aún no se logra contener el crecimiento del robo de motocicletas, lo que plantea la necesidad de replantear las estrategias de prevención y combate a este delito. En este sentido, expertos advierten que la falta de mecanismos efectivos de rastreo y recuperación de motocicletas, sumado a la facilidad para desmantelarlas o comercializarlas en piezas, dificulta enormemente su recuperación y favorece la impunidad.
Ante este panorama, el gobierno estatal ha sido objeto de críticas por parte de organizaciones civiles y especialistas en seguridad, quienes exigen una respuesta más contundente y específica frente a la problemática del robo de motocicletas y su vínculo con la violencia letal. Aunque la administración de Indira Vizcaíno Silva ha destacado la reducción en el robo de autos como un logro, los analistas subrayan que el crecimiento del robo de motocicletas representa un desafío igual o mayor, dada su relación directa con los homicidios y otros delitos de alto impacto. La situación obliga a replantear las políticas públicas en materia de seguridad vial y patrimonial, así como a fortalecer la coordinación entre las distintas corporaciones policiales y la sociedad civil para frenar la escalada delictiva y sus consecuencias en la vida cotidiana de los colimenses.
